Casas de Justicia y Centros de Convivencia

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Conflictos por arrendamiento, custodia de hijos y violencia intrafamiliar son las solicitudes más frecuentes de los bogotanos en las Casas de Justicia y Centros de Convivencia. Estos puntos de atención a la ciudadanía son centros interinstitucionales de prestación de servicios para la solución de conflictos a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno. Funcionan en cinco localidades de Bogotá y cada uno de ellos atiende anualmente, en promedio, 60.000 ciudadanos. En  2012 300.000 personas fueron beneficiadas con los servicios prestados por las Casas de Justicia.

Los ciudadanos y ciudadanas pueden acceder a una amplia oferta institucional en las Casas de Justicia, ya que allí operan entre otras, entidades nacionales como Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, ICBF y Medicina Legal. Igualmente, brindan sus servicios a la ciudadanía entidades distritales como Comisarías de Familia, Centros de Conciliación de la Personería de Bogotá,  Unidades de Mediación y Conciliación, Inspecciones de Policía y consultorios jurídicos, de psicología y trabajo social de diferentes Universidades.

Son muchos los conflictos que se atienden en las Casas de Justicia de Bogotá y varían según el contexto y la dinámica de cada localidad. Sin embargo, hay unos que se presentan con mayor frecuencia y como conflictos por arrendamientos, solicitud y regulación de custodia y cuota alimentaria, violencia intrafamiliar en todas sus manifestaciones e inasistencia alimentaria.

Los beneficios inmediatos que se reportan para la comunidad al acceder a los servicios ofertados por las Casas de Justicia son la cercanía a su lugar de residencia que disminuye costos de tiempo y transporte en el desplazamiento hacia los centros de prestación de servicios judiciales, así como la rapidez en la atención y el trámite de sus conflictos por la vía de la mediación, negociación y concertación de las diferencias entre las partes.

Según un estudio realizado por el Consejo Superior de la Judicatura y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, el tiempo y los costos asociados a un proceso de carácter civil, a manera de ejemplo, normativamente debería tardar 185 días en tramitarse pero se demora en tiempo real 1448 días y su costo promedio es de $3’000.700  de los cuales el Estado asume  el 39%  y el ciudadano o la ciudadana el 61%.

Comparando estas cifras con el tiempo promedio de dos semanas que puede durar el trámite para la conciliación y arreglo directo en una Casa de Justicia, siempre y cuando exista la disposición de las partes implicadas, se evidencia que estas instancias se convierten en la mejor opción para la comunidad en el trámite de sus conflictos, brindándole la posibilidad de ahorrar tiempo, dinero y el desgaste emocional frente a este tipo de situaciones. Adicionalmente, en términos de convivencia ciudadana, facilitan la reconstrucción del tejido social y la reconciliación entre las partes en conflicto, disminuyendo los índices de violencia.